Aunque será gradual y en la práctica entrará en vigencia hacia el 2023, el proyecto de ley de reducción de jornada laboral, que fue aprobado en su último debate ayer en la Cámara de Representantes preocupa al sector empresarial por considerarlo una iniciativa que estimula la informalidad, eleva los costos laborales de contratación y genera cargas excesivas a las nóminas de las empresas, lo que seguramente desincentivará la generación de empleo, sobre todo en momentos en el que el mundo está en proceso de reactivación económica a largo plazo.

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